Tras huir de la persecución política y construir “una vida, una familia y una comunidad” en los Estados Unidos durante más de 20 años, un inmigrante chino fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos durante un control rutinario y recluido durante meses en el centro penitenciario Cimarron Correctional Facility, en Cushing.
Entró en Estados Unidos como solicitante de asilo a finales de la década de 1990, pero su solicitud fue denegada y se le ordenó abandonar el país, según una demanda federal presentada en el Distrito Oeste de Oklahoma. Ha estado bajo supervisión del ICE durante años. Los registros judiciales indican que ha pagado impuestos durante más de dos décadas y que trabajaba en una granja antes de su detención. También indican que no tiene antecedentes penales ni condenas.
Sus abogados escribieron en una petición de liberación que las autoridades federales habían violado sus derechos constitucionales al mantenerlo detenido sin fianza.
A principios de diciembre, un juez federal ordenó la puesta en libertad del hombre, dictaminando que las autoridades de inmigración no habían demostrado que lo estuvieran deteniendo porque fuera muy probable que fuera deportado en un “futuro razonablemente previsible”.”
Otro detenido recluido en el centro de detención del condado de Kay, en Newkirk, fue acusado de entrar ilegalmente en Estados Unidos, pero lleva 17 años viviendo en el país y tiene seis hijos que son ciudadanos estadounidenses. En una demanda judicial, alegó que su detención violaba su derecho al debido proceso.
Los procedimientos judiciales que involucran a inmigrantes detenidos como estos no suelen ser públicos, pero estos documentos, que fueron desclasificados, ofrecen una visión poco habitual de los casos que se están tramitando en los tribunales federales de Estados Unidos, ya que la administración Trump ha impulsado la ampliación del uso de la detención obligatoria para los inmigrantes que se enfrentan a la deportación.
En los últimos meses, los abogados de inmigración han recurrido cada vez más a las peticiones de hábeas corpus para conseguir la liberación de sus clientes. Estas acciones legales, cuyo nombre proviene de una expresión latina que significa ’tienes el cuerpo“, solicitan al juez que evalúe si la detención de una persona es legal.
La Junta Federal de Apelaciones de Inmigración dictaminó en septiembre que cualquier persona detenida por inmigración que haya entrado ilegalmente en el país no tiene derecho a una audiencia de fianza ante un juez de inmigración.
Desde entonces, los inmigrantes han tenido que solicitar audiencias de fianza mediante peticiones de hábeas corpus, un procedimiento que antes rara vez se utilizaba en los casos de inmigración.
Los abogados y los detenidos han presentado 100 peticiones de hábeas corpus en los tribunales federales de Oklahoma desde septiembre, según Expediente de hábeas corpus, una organización sin ánimo de lucro que realiza un seguimiento de los expedientes federales relacionados con la inmigración. Antes de este año, no había habido ningún caso clasificado en PACER como demanda de hábeas corpus que involucrara a detenidos no ciudadanos en todo el estado desde 2023.
La postura del Gobierno federal sobre la detención obligatoria ha sido cuestionada en los tribunales de todo el país. A finales del mes pasado, un juez federal dictaminó que la Administración Trump No se puede detener a los inmigrantes arrestados en operaciones policiales nacionales en todo el país. sin permitirles solicitar la libertad bajo fianza. La administración Trump está apelando la decisión.
Los abogados que trabajan en casos de hábeas corpus en Oklahoma afirman que la administración Trump ha dado un vuelco a décadas de jurisprudencia que permite que los inmigrantes que no se consideran un riesgo de fuga o un peligro para sus comunidades sean puestos en libertad bajo fianza.
Algunos de sus clientes han permanecido recluidos durante meses en centros como el Cimarron Correctional Facility, una prisión privada propiedad de CoreCivic situada en el centro de Oklahoma, que ha tenido una media diaria de 558 inmigrantes detenidos en lo que va de año fiscal.
CoreCivic obtuvo otro contrato con ICE para comenzar a retener a inmigrantes detenidos. en su centro penitenciario Diamondback, cerrado desde hace mucho tiempo. en Watonga a principios del próximo año, que podría llegar a albergar hasta 2160 personas de todo el país.
El Centro de Detención del Condado de Kay, en Newkirk, tiene un contrato con el ICE para albergar a inmigrantes detenidos desde junio de 2019. Los datos de detención del ICE indican que, en lo que va de año fiscal, ha albergado a una media diaria de 163 personas.
Los detenidos a veces son trasladados de un centro a otro por todo el país, y puede resultar difícil obtener información actualizada de ICE sobre su ubicación, según Robert Don Gifford, abogado especializado en derechos civiles con sede en Oklahoma City.
“Te han pedido que les ayudes, y tú te sientes impotente porque hagas lo que hagas, te topas con un muro, y cualquier pregunta o petición que hagas solo recibe silencio como respuesta”, dijo Gifford.
La Constitución otorga a todos los habitantes del país el derecho a un proceso justo, no solo a los ciudadanos estadounidenses. Gifford está ayudando con las peticiones de hábeas corpus en algunos casos de inmigración y cree que muchas personas no están recibiendo la protección legal adecuada al enfrentarse a la deportación.
Algunos inmigrantes no tienen la oportunidad de impugnar su detención, dijo Gifford. Podrían enfrentarse a dificultades logísticas para ponerse en contacto con un abogado, ya que son trasladados de un centro a otro. También pueden ser objeto de procesos acelerados que les llevan a ser deportados antes de tener una audiencia justa.
La mayoría de los inmigrantes que representa la abogada de inmigración Lorena Rivas, con sede en Tulsa, son residentes de larga duración en el país con familiares que son ciudadanos estadounidenses. Muchos son el principal sustento económico de sus familias, afirmó.
Rivas también dijo que la mayoría no tiene antecedentes penales graves y se considera que no son violentos, lo cual es uno de los factores que un juez suele tener en cuenta en una audiencia de fianza.
Los datos del ICE indican que, en lo que va de este año fiscal, solo una media de 32% de los detenidos en el centro penitenciario de Cimarron y 39% de los detenidos en el centro de detención del condado de Kay han sido condenados por delitos penales.
Elissa Stiles, abogada del mismo bufete que Rivas, dijo que sus clientes en Cimarron y en el centro de detención del condado de Kay están viviendo en condiciones similares a las de una prisión, a pesar de que no se les ha imputado ningún delito. A menudo tienen dificultades para dormir lo suficiente y recibir atención médica. Su salud mental se deteriora a medida que languidecen en detención durante meses, afirmó.
Dan Gividen, un abogado especializado en inmigración que ha redactado peticiones de hábeas corpus para casos en Oklahoma y Texas, dijo que cree que cada vez más inmigrantes están dispuestos a aceptar la deportación porque no quieren soportar las malas condiciones de los centros de detención.
“Que te quiten la libertad es algo muy grave”, afirmó Gividen.
Stiles dijo a principios de diciembre que tenía la esperanza de que la sentencia federal que permite a algunos inmigrantes volver a optar a audiencias de fianza significara que, en muchos casos, no sería necesario presentar peticiones de hábeas corpus.
Pero dijo que, desde entonces, ha oído informes de que algunos jueces de inmigración no han acatado la decisión al examinar los casos de los detenidos en Oklahoma. Más de 100 jueces de inmigración Según se informa, han sido despedidos. desde enero, lo que alimenta la preocupación de que la administración Trump esté apuntando a los jueces que no han dictado sentencias acordes con sus políticas de inmigración.
